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Aunque la Comunidad de Madrid ha superado los siete millones de habitantes, más de la mitad de sus municipios —88 de un total de 179— cuentan con menos de 5 000 residentes, y muchos de ellos no superan los 500. Esta estructura territorial, profundamente desigual, concentra los recursos en las zonas urbanas y deja en clara desventaja a los entornos rurales. En estos últimos apenas residen unas 12 500 personas con discapacidad, frente a las más de 227 000 que viven en la capital.

El informe elaborado por el CERMI Comunidad de Madrid ha centrado su análisis en 27 municipios de la Sierra Norte, una de las áreas más envejecidas y despobladas de la región. El objetivo ha sido identificar barreras de accesibilidad en el espacio urbano, los servicios públicos y las plataformas digitales, partiendo de una muestra significativa del territorio rural madrileño.

Los resultados del estudio revelan una situación generalizada de inaccesibilidad en los núcleos urbanos de pequeño tamaño. La mayoría de los municipios analizados presentan:

A todo ello se suma la ausencia de rutas accesibles entre los distintos servicios del municipio, así como la localización periférica de equipamientos clave, como centros de salud, instalaciones deportivas o zonas de ocio, que obligan al uso del vehículo incluso para trayectos breves.

En la mayoría de los municipios evaluados, las páginas web municipales no cumplen con criterios mínimos de accesibilidad. No incluyen secciones específicas para personas con discapacidad, ni permiten búsquedas útiles sobre servicios adecuados, prestaciones o contacto accesible. Esta situación agrava la desconexión de quienes residen en entornos rurales, especialmente en contextos donde el desplazamiento físico ya está limitado.

El informe alerta, además, del impacto combinado que tienen la edad, el género y la discapacidad en estos contextos rurales. Las mujeres con discapacidad, en particular, se enfrentan a una triple discriminación por razón de sexo, situación funcional y lugar de residencia, lo que se traduce en mayores niveles de aislamiento, pobreza y falta de acceso a derechos básicos.

La serie Objetivo Inclusión Rural #OírDIS, impulsada por el CERMI Estatal en colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad, nace con un propósito claro: visibilizar las experiencias de vida de personas con discapacidad en entornos rurales de España. A través de capítulos audiovisuales breves, accesibles y difundidos desde el canal Inclusión a Conciencia del cermi.es diario, la iniciativa da voz directa a quienes viven en la intersección entre discapacidad, despoblación y olvido institucional.

Cada episodio está protagonizado por una persona con discapacidad —con su red de apoyo— y acompañado por una pieza que contextualiza la situación en su comunidad autónoma. La serie se alinea con los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y está concebida con criterios de accesibilidad universal: subtítulos, lengua de signos, audiodescripción y lectura fácil. Su vocación es doble: documentar las carencias estructurales del medio rural español y reivindicar políticas públicas de desarrollo rural inclusivo.

La primera entrega de la serie tiene como escenario la Comunidad de Madrid, y más concretamente, el municipio de Redueña, en la Sierra Norte. A partir de ahí, la serie recorre otros puntos del país a modo de ejemplo, ya que lo que sucede en estos territorios, puede ser extrapolable  a otros y muestra como la inclusión aún es una promesa pendiente.

El municipio de Redueña, con 270 habitantes, ha sido el punto de partida de la serie. No por ser un caso aislado, sino precisamente por representar de forma paradigmática las condiciones de vida de miles de personas con discapacidad que residen en pequeñas localidades del interior peninsular. Enclavado en una zona montañosa, con acceso limitado al transporte público y recursos escasos, Redueña simboliza una doble exclusión: la que impone la no aceptación de la discapacidad y la que se deriva del entorno rural.

En el primer capítulo, Rosa María González, una mujer de 67 años con discapacidad física sobrevenida, narra con claridad su día a día. La falta de transporte adaptado le impide desplazarse fuera del pueblo con autonomía. Las actividades sociales son escasas y no responden a sus intereses. La brecha digital limita su acceso a información o a trámites básicos. “Hay que intentar hacer lo que se pueda, cada día”, afirma, resumiendo en una frase la lucha diaria por mantener su independencia.

El segundo vídeo recoge la visión institucional de la alcaldesa del municipio, quien repasa algunas mejoras realizadas en accesibilidad y reconoce las limitaciones propias de una administración local con recursos muy ajustados. “Hay voluntad, pero no siempre medios”, viene a decir su testimonio, reflejando los desafíos de garantizar derechos en un entorno que no cuenta con las infraestructuras mínimas.

Desde el CERMI Comunidad de Madrid se destaca que el caso de Redueña no es una excepción, sino una muestra significativa de una dimensión problemática estructural. “La combinación de ruralidad y discapacidad multiplica los riesgos de aislamiento, pobreza e invisibilidad social, especialmente para las mujeres, que enfrentan una triple discriminación por género, discapacidad y lugar de residencia”, señalan.

Redueña es solo un ejemplo, pero también un espejo de una realidad que comparten decenas de municipios donde la accesibilidad aún no ha llegado o lo ha hecho de forma muy limitada.

El proyecto Objetivo Inclusión Rural #OírDIS ha servido para traer a la luz esta realidad desde una doble perspectiva: la experiencia directa de las personas que la viven y el análisis técnico del territorio. El reto ahora es transformar ese conocimiento en acción política y presupuestaria, con medidas específicas que garanticen el acceso a derechos en todos los rincones de la región, sin excepción por el código postal.

Porque la inclusión no puede depender del tamaño del municipio. Porque la accesibilidad y la atención adecuada no son un lujo, sino una obligación legal.