La Plataforma del Tercer Sector de Madrid activa su ofensiva institucional para impulsar una Ley autonómica del Tercer Sector
La Plataforma ha remitido formalmente su Proposición de Ley a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, a los consejeros de Presidencia y de Políticas Sociales, al Presidente de la Asamblea de Madrid y a los portavoces de los Grupos Parlamentarios (PP, Más Madrid, PSOE y Vox).
El texto propone un marco jurídico avanzado que reconoce al Tercer Sector como agente esencial de cohesión social, participación democrática y garantía de derechos, y establece un modelo estable de colaboración con las administraciones públicas.
Entre sus principales aportaciones destacan:
- La creación de un sistema estructurado de diálogo civil, con participación del Tercer Sector en todas las fases de las políticas públicas.
- La concertación social como fórmula prioritaria para garantizar estabilidad, calidad y continuidad en los servicios sociales.
- La obligación de elaborar una Estrategia autonómica cuatrienal del Tercer Sector, con financiación, indicadores y evaluación.
- El reconocimiento expreso de las pequeñas asociaciones y entidades comunitarias, incluyendo subvenciones específicas para su función cívico-política.
- La incorporación de evaluación de impacto social, transparencia y rendición de cuentas como ejes del sistema.
La propuesta también refuerza la colaboración en situaciones de emergencia, el voluntariado, la innovación social y la cooperación con empresas mediante mecenazgo y responsabilidad social.
El presidente de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, Mariano Casado, ha señalado que:
“Esta ley permitiría a Madrid dar un salto de calidad en sus políticas sociales, reconociendo a las entidades sociales como aliadas estratégicas de lo público y garantizando que ningún territorio ni ninguna persona quede fuera”.
La Plataforma ha solicitado reuniones con todos los actores institucionales para presentar la proposición y abrir un proceso de diálogo político y social que permita convertirla en una iniciativa legislativa durante 2026.
