CERMI Comunidad de Madrid se une a la reivindicación del CERMI Estatal que urge a renovar el acuerdo sobre distribución de las asignaciones tributarias de interés social
El acuerdo sobre la distribución del 0,7% de la recaudación del IRPF y del Impuesto de Sociedades se estableció para regular la financiación de programas sociales gestionados por el tercer sector. Es un instrumento clave que ha permitido una colaboración estable entre el Estado y los territorios, y su renovación en 2025 es esencial para asegurar la continuidad de estas acciones.
El Movimiento Social de la Discapacidad, agrupado unitariamente en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), hace público un manifiesto. El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (CERMI Comunidad de Madrid) se suma a la demanda, que puede leerse a continuación.
MANIFIFESTO
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado al Gobierno central, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y a las Comunidades y Ciudades Autónomas, a renovar con celeridad el acuerdo sobre la distribución entre el Estado y los territorios de la recaudación de las asignaciones tributarias del 0,7% en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en el Impuesto de Sociedades.
El acuerdo vigente, que supone un reparto de lo recaudado del 80% para las Comunidades y Ciudades Autónomas y un 20% para el Estado (convocatoria centralizada nacional), expira este año 2025, por lo que es urgente prolongarlo para los próximos 5 años, dado que es la fuente sustancial de financiación de los programas sociales que lleva a cabo el tercer sector de acción social en toda España.
Quedan pocos meses, pues, para renovar el acuerdo, que requiere encarar y culminar todo el proceso político y administrativo que esto conlleva, por lo que el CERMI exige celeridad a las administraciones involucradas (Estado y Comunidades Autónomas) para alcanzar un buen y pronto resultado.
El movimiento de la discapacidad, junto con todo el tercer sector de acción social, exige que el acuerdo renovado mantenga el reparto del 80% – 20%, entre dimensión territorial y estatal, ya que significa un punto de encuentro de todas las partes concernidas que ha traído paz a un tema que en el pasado fue objeto de debate político y judicial, que no debe volver a repetirse.
