20º aniversario de la Convención ONU de Discapacidad: 20 años de tensión inclusiva
Veinte años después de su adopción, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad afronta un momento decisivo. El cambio de paradigma que introdujo es hoy incuestionable, pero su impacto real sigue siendo desigual y vulnerable a retrocesos. Desde la mirada del movimiento social organizado, el CERMI advierte del riesgo de vaciamiento progresivo de los derechos reconocidos, mientras que la Fundación CERMI Mujeres señala la persistencia de desigualdades estructurales que afectan de forma específica a mujeres y niñas con discapacidad. Dos claves que permiten entender por qué el 20º aniversario de la Convención no es una celebración, sino una llamada política a reforzar su cumplimiento efectivo en un contexto internacional cada vez más adverso.
Convención ONU Discapacidad: 20 años de tensión inclusiva
En diciembre de 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Veinte años después, el tratado que inauguró un nuevo paradigma jurídico y político llega a su aniversario lejos de un clima celebratorio. La Convención sigue siendo una referencia irrenunciable, pero también un espacio de tensión constante, entre el avance normativo y la aplicación efectiva, entre el reconocimiento formal de derechos y su impacto real en la vida cotidiana.
Ese equilibrio inestable se produce, además, en un contexto internacional adverso, marcado por crisis democráticas, conflictos armados, el debilitamiento del Derecho Internacional y un cuestionamiento creciente del multilateralismo. Un escenario que obliga a mirar la Convención no como un logro cerrado, sino como un campo de disputa permanente.
Para el CERMI, esta efeméride no es una conmemoración simbólica. La Convención constituye el vector primordial de toda su acción política desde hace dos décadas. No es un marco externo, sino el suelo mínimo desde el que se articulan las demandas, los informes, la interlocución institucional y la exigencia de responsabilidades al Estado.
Un cambio de paradigma que ya no admite marcha atrás
“El balance de estas dos décadas es claramente transformador en el plano normativo, institucional y de enfoque, pero todavía insuficiente en términos de impacto pleno y sostenido en la vida cotidiana”, señala Gregorio Saravia, delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención.
La Convención desplazó definitivamente el modelo asistencial hacia un enfoque de derechos humanos, basado en la igualdad, la no discriminación, la accesibilidad universal, la autonomía personal y la participación plena. Ese giro ha permeado el discurso político, la producción normativa y la agenda pública en España, dotando al movimiento social de la discapacidad de una herramienta de exigibilidad inédita hasta entonces.
“La Convención ha permitido dotar al movimiento social de una herramienta sólida de rendición de cuentas frente a los poderes públicos”, subraya Saravia, recordando que su fuerza reside en ser un tratado jurídicamente vinculante.
“El principal riesgo actual no es tanto la derogación explícita de derechos como su vaciamiento progresivo, los derechos permanecen en la ley, pero pierden contenido real” | Gregorio Saravia
La brecha entre el derecho reconocido y el derecho ejercido
Sin embargo, el propio CERMI constata que el principal problema sigue siendo la distancia entre la norma y su eficacia. “La existencia de leyes alineadas con la Convención no garantiza por sí sola la igualdad real”, advierte Saravia. España ha avanzado con rapidez en la aprobación de normas, pero no siempre en su desarrollo reglamentario, su financiación o su evaluación.
“Tenemos leyes que carecen de calendarios de ejecución claros, indicadores de cumplimiento o sistemas eficaces de sanción, lo que convierte los derechos en expectativas sin garantías reales”, resume.
A esta debilidad estructural se suma la infrafinanciación crónica de las políticas de discapacidad. “Con frecuencia, los derechos se reconocen sin que vengan acompañados de las partidas presupuestarias necesarias”, apunta el delegado del CERMI, lo que se traduce en listas de espera, desigualdad territorial y una sobrecarga persistente de familias y entidades sociales.
Un contexto global que agrava la tensión
La brecha se ve hoy amplificada por un escenario internacional preocupante. “Existe un riesgo real y creciente de retroceso en los derechos reconocidos por la Convención”, alerta Saravia, que sitúa este peligro en el debilitamiento del Estado de derecho y de los mecanismos multilaterales de supervisión.
“El peligro no es tanto la derogación explícita de derechos como su vaciamiento progresivo”, afirma. Los derechos permanecen en los textos legales, pero pierden contenido real a través de la inacción administrativa, la falta de financiación o la priorización de otras agendas.
En ese contexto, defender la Convención se convierte en algo más que una reivindicación sectorial. “La Convención no es solo un tratado sobre discapacidad, es una prueba de la solidez democrática y del compromiso real con los derechos humanos”, sostiene.
Artículos incómodos, resistencias persistentes
No todos los principios de la Convención generan la misma resistencia. Entre los más incómodos para los Estados, Saravia señala el artículo 12, sobre el reconocimiento de la capacidad jurídica. “No se trata solo de reconocer un derecho, sino de redistribuir poder, asumir riesgos razonables y confiar en la capacidad de las personas con discapacidad para tomar decisiones sobre su propia vida”.
Este artículo interpela directamente a modelos históricos basados en la sustitución en la toma de decisiones. “Sustituir esquemas tutelares por modelos de apoyo supone un cambio estructural de enorme calado que muchos Estados abordan con cautela o interpretaciones restrictivas”, explica.
Junto a este núcleo duro, el artículo 6, relativo a las mujeres con discapacidad, sigue siendo uno de los grandes puntos de fricción.
Mujeres y niñas, una promesa todavía incompleta
“Desde la perspectiva de las mujeres y niñas con discapacidad, la Convención ha sido claramente transformadora, pero sigue siendo también una promesa incompleta”, afirma Sara de Torres, delegada de Derechos Humanos y Agenda Política de la Fundación CERMI Mujeres.
El artículo 6 supuso el primer reconocimiento expreso de sus derechos en el derecho internacional. Sin embargo, su aplicación práctica sigue siendo insuficiente. “La falta de incorporación efectiva y transversal de la perspectiva de género en las políticas de discapacidad, y de la discapacidad en las políticas de igualdad, mantiene a las mujeres con discapacidad en una situación de doble invisibilización”, denuncia.
Las políticas siguen siendo, en muchos casos, neutras al género, sin medidas específicas ni recursos suficientes. “Mientras las mujeres con discapacidad sigan enfrentando mayores tasas de pobreza, violencia o exclusión, no puede afirmarse que la agenda de género esté plenamente integrada”, advierte.
El reconocimiento formal de derechos no es suficiente si no se traduce en cambios reales y verificables en la vida de las mujeres y niñas con discapacidad | Sara de Torres
Violencias que revelan los límites del sistema
La persistencia de violencias específicas contra mujeres con discapacidad es uno de los indicadores más claros de esa brecha. “Aunque ha habido avances normativos, estos no han sido suficientes para erradicar prácticas profundamente arraigadas”, señala De Torres, en referencia a la esterilización forzada o no consentida.
Esta realidad, sostiene, “evidencia la distancia entre el reconocimiento formal de derechos y su garantía real”, y refuerza la necesidad de políticas de reparación y de un enfoque basado en la autonomía, el consentimiento libre e informado y la eliminación de las causas estructurales de estas violencias.
Niñas más visibles, pero no necesariamente más protegidas
Veinte años después, las niñas y adolescentes con discapacidad son más visibles, pero no siempre más protegidas. “La visibilidad no se ha traducido de forma automática en una protección efectiva”, afirma De Torres, que advierte de la persistencia de barreras estructurales que las sitúan en una posición de especial vulnerabilidad.
“El reto no es solo mantener esa visibilidad, sino acompañarla de medidas específicas, recursos adecuados y mecanismos de protección eficaces”, subraya.
El movimiento social ante el 20º aniversario
Ante este escenario, el movimiento social de la discapacidad ha optado por convertir el 20º aniversario en una palanca de acción política. El CERMI y la Fundación CERMI Mujeres han diseñado para 2026 una estrategia orientada a reforzar la Convención como herramienta viva, exigible y actualizada.
Informes de balance, congresos internacionales, campañas de concienciación y una apuesta clara por situar los derechos humanos en el centro del debate público forman parte de una respuesta que huye de la autocomplacencia.
Como recuerda Saravia, “la resignación es un lujo que no podemos permitirnos”. Y como insiste De Torres, el aniversario debe incomodar: “El reconocimiento formal de derechos no es suficiente si no se traduce en cambios reales y verificables”.
Veinte años después, la Convención sigue siendo un termómetro democrático. Defenderla hoy no es un ejercicio de memoria, sino una acción política imprescindible para proteger el presente y disputar el futuro de los derechos humanos.
