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• La entidad participó activamente en la elaboración de la regulación madrileña y continúa reclamando que la facilitación procesal se consolide como una garantía efectiva de los derechos de las personas con discapacidad
• CERMI Comunidad de Madrid sitúa la regulación estatal no como el punto final de su reivindicación, sino como el inicio de una nueva etapa en la que el reto principal será garantizar que el derecho a la facilitación procesal se ejerza de manera real, efectiva y homogénea en todo el país

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (CERMI Comunidad de Madrid) lleva desde 2024 desempeñando un papel activo en la consolidación del facilitador procesal, una figura concebida para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a la Justicia en condiciones de igualdad, comprendiendo los procedimientos, comunicándose adecuadamente y participando de forma efectiva en ellos.

La entidad tuvo una implicación directa en la tramitación de la normativa madrileña, presentando alegaciones que resultaron determinantes en la redacción final del Decreto 52/2024, de 8 de mayo, con el que la Comunidad de Madrid se convirtió en pionera en España al regular esta figura. Entre sus principales aportaciones, CERMI Comunidad de Madrid defendió que el apoyo del facilitador no quedara restringido a determinados tipos de discapacidad, sino que respondiera a las necesidades concretas de cada persona, con independencia de su naturaleza. También planteó que el acompañamiento en las sedes judiciales debía orientarse a asegurar una participación sustantiva y no un mero trámite formal.

Para CERMI Comunidad de Madrid, el concepto de Justicia accesible trasciende la supresión de barreras físicas en los edificios judiciales. Implica, además, que las personas con discapacidad puedan comprender la información que se les traslada, conocer sus derechos, expresar su voluntad y tomar parte activa en el procedimiento. En este marco, el facilitador no sustituye a la persona ni adopta decisiones en su lugar, sino que introduce los ajustes necesarios para eliminar las barreras cognitivas o comunicativas que puedan obstaculizar su participación, en línea con lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por la Ley 8/2021.

El recorrido iniciado en Madrid, al que también ha contribuido el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid mediante el impulso de esta especialización profesional desde 2024, ha marcado el camino hacia un desarrollo normativo de mayor alcance: la reciente incorporación de la figura al marco estatal. Este paso amplía la garantía a todo el territorio nacional y responde a una demanda sostenida del movimiento asociativo, que reclamaba un marco jurídico común y homogéneo, no sujeto a desarrollos territoriales dispares.

No obstante, CERMI Comunidad de Madrid subraya que el reconocimiento normativo constituye una condición necesaria, pero no suficiente. La entidad reclama que este avance se traduzca en una implantación real, lo que exige disponer de recursos suficientes, profesionales debidamente formados, procedimientos ágiles para la solicitud y designación de facilitadores, y un conocimiento extendido de la figura entre jueces, fiscales, abogados y el resto de los operadores jurídicos.

La entidad insiste, además, en que la facilitación procesal no debe entenderse como una prestación asistencial, sino como un instrumento para hacer efectivo un derecho reconocido por el artículo 13 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por ello, reclama que el apoyo esté disponible durante todas las fases del procedimiento judicial, que la persona con discapacidad sea siempre el centro de la actuación —respetando su autonomía, voluntad y capacidad jurídica— y que se establezcan mecanismos de evaluación periódica que permitan identificar y corregir las barreras que puedan persistir.

Con este planteamiento, CERMI Comunidad de Madrid sitúa la regulación estatal no como el punto final de su reivindicación, sino como el inicio de una nueva etapa en la que el reto principal será garantizar que el derecho a la facilitación procesal se ejerza de manera real, efectiva y homogénea en todo el país.

La experiencia de Madrid desde 2024 demuestra que avanzar en accesibilidad requiere combinar regulación, recursos, formación especializada y participación activa de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad.

Para CERMI Comunidad de Madrid el objetivo último debe ser claro: que ninguna persona con discapacidad tenga que afrontar un procedimiento judicial sin los apoyos que necesita para comprender, comunicarse, expresar su voluntad y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones.