El movimiento CERMI pide a los Grupos de la Asamblea de Madrid que apoyen la iniciativa de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que se debate este jueves
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (CERMI Comunidad de Madrid) han pedido a todos los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid que respalden la proposición de Ley de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, cuya toma en consideración se debate el jueves de esta semana en esa Cámara autonómica.
Presentada por Ciudadanos, haciendo suya una demanda del movimiento CERMI, la proposición de Ley busca favorecer la realización de obras y actuaciones de accesibilidad en los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, la mayoría en España.
El propósito de presentar en la Asamblea de Madrid esta iniciativa, es lograr que en su momento pueda llegar al Congreso de los Diputados, al ser una materia de competencia estatal, pues la Constitución Española permite a los parlamentos autonómicos plantear a la Cortes Generales propuestas normativas sobre legislación reservada al Estado, para su toma en consideración y adopción en su caso.
La proposición de Ley se dirige a modificar la Ley de Propiedad Horizontal, haciendo obligatorias las obras y actuaciones de accesibilidad en los inmuebles siempre que las soliciten vecinos con discapacidad reconocida o mayores de 70 años, sin limitaciones, como ocurre ahora, por razón del coste.
En toda España, más de 100.000 personas, con discapacidad y mayores, están permanentemente confinadas en sus viviendas, sin poder salir, por ausencia de accesibilidad en los elementos comunes de sus edificios (inexistencia de ascensores o de rampas, etc.), lo que constituye una violación gravísima de los derechos a la libertad de desplazamiento y a una vivienda digna y adecuada, reconocidos a la Constitución.
Si la Asamblea de Madrid toma en consideración y aprueba esta proposición de Ley, como demanda el sector social de la discapacidad, tanto en su expresión autonómica como nacional, esta pasaría al Congreso de los Diputados, Cámara que tendría que pronunciarse sobre su admisión, y si es positiva, continuaría su tramitación parlamentaria como cualquier otra iniciativa legal.